A solo once días de que la empresa estatal asuma la operación, contratistas y trabajadores advierten sobre deudas millonarias, falta de transparencia y riesgo de quiebra masiva en el sector hidrocarburífero.

El sector energético de Tierra del Fuego atraviesa horas críticas. El próximo 1° de abril, la empresa estatal Terra Ignis deberá asumir formalmente la operación de las áreas que YPF deja en la provincia. Sin embargo, el escenario descrito por empresarios, abogados y trabajadores es de una «inseguridad jurídica absoluta».

La alarma fue encendida por el abogado Francisco Giménez, representante de empresas contratistas, quien calificó el proceso como una «ruleta rusa» para la provincia. La denuncia apunta a la falta de precisiones sobre quién afrontará los salarios de unos 400 trabajadores y cómo se cancelarán las deudas millonarias con las pymes locales.

Una transición sin definiciones

Cerca de 20 pymes fueguinas, cuyos pagos mensuales por parte de YPF se estiman entre 15 y 20 millones de dólares, denuncian que no han recibido notificaciones formales sobre el cambio de mando. Esta parálisis informativa pone en jaque la planificación a largo plazo y la estabilidad de los puestos de trabajo que dependen directamente de estos contratos.

La gestión de la ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, ha quedado en el ojo de la tormenta. Pese a que en enero aseguró que la transición sería normal y que para marzo se conocerían los nuevos socios estratégicos, hoy, 19 de marzo, el hermetismo es total. Aunque el plazo para presentar ofertas venció el 15 de febrero, el Gobierno no ha revelado los nombres de los interesados, escudándose en cláusulas de confidencialidad que generan sospechas en el sector privado.

Los pasivos en juego: deudas y medio ambiente

El conflicto no es solo operativo, sino fundamentalmente económico. Existen dos grandes categorías de deudas que hoy no tienen un responsable claro:

• Pasivo laboral: Los montos por antigüedad acumulada de los trabajadores que serían absorbidos por Terra Ignis representan cifras millonarias que la provincia podría tener que asumir si no se previeron en el contrato.
• Pasivo contractual: Deudas históricas de YPF con pymes locales por «redeterminaciones» de precios. Según Giménez, muchas empresas no están en condiciones de absorber estos costos y enfrentan un riesgo real de quiebra.

A esto se suma la preocupación por los pasivos ambientales que quedarán en el territorio tras la salida de la petrolera de bandera.

Críticas a la transparencia

A diferencia de otras provincias como Santa Cruz, que optaron por licitaciones públicas nacionales e internacionales, el Gobierno fueguino avanzó con un proceso cerrado. Al regirse por el derecho privado, Terra Ignis tiene la facultad de asociarse directamente con empresas sin pasar por controles públicos exhaustivos, un mecanismo que ha sido tildado de «secretismo inaceptable» para un recurso estratégico como el petróleo.

Con el reloj corriendo hacia el 31 de marzo, la falta de respuestas concretas sobre el plan de inversión y la garantía de pago de salarios amenaza con convertir lo que debería ser un paso hacia la soberanía energética en un colapso para el entramado productivo de la isla.