La inminente venta del 44% de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) marca un cambio importante en el sector nuclear del país. Sin embargo, las incertidumbres sobre las obras en curso y la sustentabilidad de los activos generan debates sobre los posibles beneficios y riesgos de esta iniciativa.

El Gobierno de Javier Milei prepara un paso trascendental para el sector nuclear argentino: la privatización del 44 por ciento de las acciones de Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), la empresa estatal que opera las tres centrales nucleares del país. Además, un 5 por ciento de las acciones sería destinado a los empleados a través de un programa de Propiedad Participada (PPP). La medida, que según versiones periodísticas sería oficializada mediante un decreto inminente, retoma una antigua iniciativa que en 1994 intentó el expresidente Carlos Menem sin éxito.

Previo a esta decisión, el Gobierno exceptuó a NA-SA de una norma que prohíbe a las empresas eléctricas estatales obtener ingresos superiores a los necesarios para cubrir costos operativos, permitiendo que la compañía genere ganancias, que en el primer trimestre de 2025 alcanzaron los 17 millones de dólares.

Por otro lado, NA-SA continúa con importantes proyectos financiados con fondos estatales, como la extensión de la vida útil de la central Atucha I, cuyo costo estimado es de 725 millones de dólares y que lleva un avance del 40%, con previsión de concluir para el segundo trimestre de 2027. También se desarrolla la instalación de un centro de almacenamiento en seco para combustibles usados en Atucha II, con una inversión de 173 millones de dólares y un avance del 30%.

Estos proyectos se financian mediante emisión de valores respaldados en contratos de venta de energía a CAMMESA, aunque todavía no han recibido la totalidad de los fondos necesarios. A pesar de contar con un crédito de más de 216 mil millones de pesos en el presupuesto nacional, aún no se han realizado transferencias que cubran las necesidades de financiamiento.

Una de las principales dudas que surgen en este contexto es la viabilidad de que una empresa privada invierta en activos que superan las cuatro décadas de antigüedad. Atucha I tiene más de 50 años, Embalse más de 40, y Atucha II, iniciada en 1984, reactivada en 2006 y en funcionamiento desde 2014, también presenta limitaciones por su antigüedad.

Además, existe preocupación por la posible pérdida de un activo estratégico que garantiza el abastecimiento energético y que tiene un impacto significativo en el desarrollo tecnológico e industrial nacional. La historia reciente muestra que las tres centrales operaron en 2024 a niveles récord, funcionando en forma simultánea y demostrando su importancia para el sistema energético del país.

El capital accionario de NA-SA está distribuido en un 79% en manos del Estado Nacional (Secretaría de Energía), un 20% en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y un 1% en Enarsa. La decisión de privatizar parte de la empresa genera debates sobre si esta medida favorecerá la sustentabilidad de los proyectos y el mantenimiento de la matriz energética, o si podría poner en riesgo la autonomía y la seguridad energética del país.

En definitiva, la iniciativa del Gobierno de Milei marca un cambio profundo en la política nuclear argentina, pero aún persisten dudas sobre si las obras en curso podrán sostenerse y si la privatización será la vía adecuada para garantizar la continuidad y seguridad del sector en el largo plazo.