El Gobierno terminará durante el primer trimestre del año que viene las revisiones tarifarias de luz y gas, que determinarán las condiciones del negocio y los requerimientos para la calidad de los servicios públicos regulados durante los próximos cinco años (2025-2030).
Las audiencias públicas se realizarán entre la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero, y unos 30 días después se aprobarán las nuevas tarifas a cambio de compromisos quinquenales de inversiones multimillonarias. Sin embargo, la idea del ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo es no autorizar los aumentos de tarifas que van a pedir Edenor, Edesur, Transener, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, Ecogas, Litoral Gas, Gas Nea, Transportadora de Gas del Sur (TGS) y Transportadora de Gas del Norte (TGN) para financiar sus inversiones. En todo caso, el plan oficial contemplará subas discrecionales para mantener constantes los ingresos de las empresas, como sucede desde hace 3 meses -pese a que se aprobaron fórmulas de indexación mensuales que nunca se cumplieron y dividir en varias cuotas durante 2025 el impacto de eventuales alzas. El objetivo del presidente Javier Milei y de Caputo es continuar con la desaceleración de la inflación, bajar al 1% la tasa de devaluación mensual del peso (crawling peg) si se consolida la tendencia y asentar las condiciones para flexibilizar los controles de capitales (cepo al dólar) el año que viene. Los incrementos de los servicios juegan en contra de esa meta, más aún si el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) actualiza su canasta de medición de los precios en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, en la que pesan más la luz y el gas que en 2004, que es el indicador que se utiliza ahora.
Fuente: Clarín
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