El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut reclamó que la maquinaria que dejarían las operadoras que se retiran de la provincia quede bajo control de la empresa estatal. Advirtió por el impacto laboral, productivo y ambiental que podría provocar la salida de activos.

El secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila, reclamó que los equipos de AESA pasen a manos de Petrominera SE para evitar el desmantelamiento de la capacidad de perforación en la provincia. La preocupación central del gremio está puesta en la salida de activos productivos por parte de empresas que finalizan contratos, en especial YPF.

Ávila consideró que no puede aceptarse que, después de más de 100 años de actividad petrolera, las operadoras se retiren llevándose toda la maquinaria pesada. En ese marco, explicó que el planteo ya fue trasladado al gobernador Ignacio Torres, con el objetivo de que la Provincia impulse la transferencia de esos equipos a la petrolera estatal chubutense.

La propuesta apunta a que Petrominera incorpore perforadores y equipos de workover para comenzar a consolidar una estructura propia que permita sostener la actividad y el empleo en la región. Según planteó el dirigente, contar con esos activos sería clave para no depender únicamente de la llegada de nuevos inversores que deban desembarcar con equipamiento propio.

Al referirse al retiro de maquinaria, Ávila fue categórico. Sostuvo que YPF se va de la provincia sin dejar equipos perforadores, de workover ni de pulling, y que se lleva todo. Frente a ese escenario, exigió que esos activos permanezcan en Chubut para buscar una solución más favorable para la actividad y los trabajadores.

El dirigente sindical insistió en que la intención es que Petrominera se quede con los equipos y empiece a armar una empresa propia de la provincia. Para el gremio, esa alternativa permitiría preservar una capacidad operativa estratégica en un momento de transición para la industria hidrocarburífera local.

Ávila también vinculó el reclamo con las consecuencias ambientales y sociales que, a su entender, deja la retirada de las operadoras. Señaló que, además del pasivo ambiental, la provincia debe afrontar el problema de los trabajadores sin garantizarles una salida laboral si no queda una estructura que pueda sostener la actividad.