El Gobierno oficializó la iniciativa para coordinar las acciones sobre los proyectos en estudio vinculados con la ampliación de la capacidad de producción energética de forma sostenible. El objetivo es impulsar políticas de Estado para el autoabastecimiento y la soberanía energética.
Con ese fin se creó una Mesa Interinstitucional de Actividades Costa Afuera del Mar Argentino, la cual estará encargada de coordinar las acciones sobre los distintos emprendimientos offshore. En el marco de ese proceso y, específicamente en lo que se refiere a la implementación del Acuerdo de Escazú por parte del Estado nacional, también se lanzó una instancia inédita de participación temprana a través de la convocatoria que formuló el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que estará disponible vía online hasta el día 18 de mayo.
Ambas medidas están respaldadas por la decisión de impulsar políticas públicas para el autoabastecimiento y la soberanía energética como pilares de fomento de una actividad con un enorme potencial para desarrollar, ya que se considera al sector de los hidrocarburos como el mayor multiplicador de empleo en la economía.
Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018. Entre los 12 países que procedieron a la ratificación se encuentra la República Argentina, que notificó el 22 de enero de 2021 que es Estado parte del acuerdo y acompañó su entrada en vigencia el jueves 22 de abril de ese año.