Una polémica de gran porte se desató entre la petrolera YPF y el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, luego de que la petrolera le pidió adherir al régimen de grandes inversiones (RIGI), como condición para instalar en Bahía Blanca una gigantesca planta de licuefacción que permita exportar el gas de Vaca Muerta, con una inversión de 50.000 millones de dólares que generaría miles de empleos.

El presidente de YPF, Horacio Marín, acaba de advertir a la provincia de Buenos Aires que sin apoyo institucional al RIGI, Kicillof pierde la posibilidad de emplazamiento de la planta de gas natural licuado (GNL) en la zona portuaria de Bahía Blanca.

Esto se interpretó como un condicionamiento de la administración de Javier Milei, en la antesala del tratamiento parlamentario del paquete de leyes -que incluyen el RIGI- en la Cámara de Diputados.

En la provincia lo toman como una “extorsión” política. Nada prevé que la representación legislativa del kirchnerismo modifique el criterio de oposición cerrada a la propuesta. Río Negro, la otra opción, aportaría apoyo a cambio de la instalación de la planta. El municipio de Bahía Blanca y el de Punta Colorada de Río Negro se disputan el proyecto. Marín reveló que desde YPF enviaron una carta oficial a los gobernadores Kicillof y Alberto Weretilneck con tres puntos de incentivos económicos y cuatro de ayudas en permisos. Allí les piden adherir al RIGI, el esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria para que a las compañías que inviertan más de u$s 200 millones en el país se les garantice “estabilidad fiscal durante 30 años”. En la Legislatura bonaerense, todos los bloques de ambas cámaras, a excepción de La Libertad Avanza, firmaron el respaldo a Bahía Blanca. En simultáneo, Kicillof firmó un decreto para declarar de interés provincial la propuesta presentada por las empresas petroleras