Santa Cruz se encamina a consolidar su perfil energético a través de la resolución de pasivos ambientales y la reactivación del sector petrolero, en un contexto donde YPF asume la responsabilidad de limpiar y poner en valor sus activos en la provincia. La estatal acordó con las autoridades locales la gestión de pasivos ambientales, estableciendo un plazo de 180 días para determinar su alcance mediante estudios realizados por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el CONICET, y cinco años para su saneamiento, marcando un precedente a nivel nacional. Además, YPF se compromete a mantener seis equipos de abandono durante cinco años, generando empleo y fortaleciendo la infraestructura de limpieza.
El Gobierno provincial, a través de FOMICRUZ S.E., asumirá la licitación de diez concesiones en el flanco norte y en transporte asociado, con el objetivo de atraer nuevas inversiones y mejorar la producción. Se espera la participación de empresas continuadoras que apuestan a invertir en la provincia, mejorar la operatividad y estabilizar la actividad en la región, que atraviesa un proceso similar al de Tierra del Fuego.
Por otro lado, el acuerdo con YPF contempla una inversión social de 200 millones de dólares, de los cuales el 70% ingresará en las próximas semanas. Aunque significativo, el monto no cubre en su totalidad los requerimientos de la provincia, que enfrenta desafíos en infraestructura y empleo. En ese marco, las inspecciones ambientales y hidrocarburíferas serán clave para garantizar el cumplimiento de los compromisos.
El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, destacó el potencial energético de Santa Cruz, que no solo cuenta con 81 años de historia en petróleo y gas, sino también con recursos renovables como los vientos de la formación Palermo-Aike, reservas no convencionales comparables a Vaca Muerta, y la posibilidad de explotar energía mareomotriz y de ríos para diversificar su matriz energética en hidrógeno y electricidad. La visión a largo plazo apunta a transformar a Santa Cruz en un polo energético que combine producción hidrocarburífera, renovables y tecnologías emergentes, impulsando la economía local, generando empleo y mejorando servicios públicos, en línea con las oportunidades que presenta la región para su desarrollo sostenible.