La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dejó sin efecto la sentencia que obligaba al Estado argentino a pagar más de US$ 16.000 millones por la estatización de YPF en 2012, y ratificó la exculpación de la petrolera. El caso aún podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos.
La Justicia de Estados Unidos dictó un fallo favorable para la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF, al revocar la condena que obligaba al Estado a pagar más de US$ 16.000 millones. La decisión fue tomada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que dejó sin efecto la sentencia previa y respaldó que YPF fue exculpada de manera correcta en el proceso de estatización ocurrido en 2012, durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
De esta manera, el Estado argentino evita —al menos por ahora— afrontar el pago de una suma superior a los US$ 16.000 millones, cifra que había sido establecida en un fallo de primera instancia dictado en 2023 y que había resultado contrario a los intereses del país.
En su resolución, el tribunal de alzada detalló el alcance de lo dispuesto: “Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”.
Además, la Cámara sostuvo que “las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino” y que “las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”.
El proceso judicial se inició en 2015 y, hasta esta decisión, el punto más crítico para el país había sido el fallo de 2023, cuando la Justicia había resuelto condenar a la Argentina a pagar los US$ 16.000 millones. Ese litigio era considerado el mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal en el exterior y, también, la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano.
De todos modos, el caso no está definitivamente cerrado: las partes aún cuentan con la posibilidad de acudir como último recurso ante la Corte Suprema norteamericana.
En este escenario, uno de los principales perjudicados por la resolución es Burford Capital, el estudio/fondo inglés que impulsó la demanda y que, según se indicó, apelará el nuevo fallo. En la cobertura del caso se remarcó que Burford había comprado los derechos para litigar por unos 15 millones de euros y que habría vendido partes de la demanda, recaudando más de US$ 300 millones hasta el momento.
En el trasfondo del expediente aparece también el rol de la jueza Loretta Preska, quien había sostenido previamente que la Argentina violó el estatuto de YPF durante el proceso de expropiación y privatización, una etapa que estuvo a cargo del entonces ministro de Economía, Axel Kicillof.

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