Una presentación ante el Tribunal de Cuentas pone bajo la lupa a la empresa estatal Distrigas por la adjudicación del transporte de gas a la oferta más cara. La firma Trans Eccleston acusa un perjuicio económico al Estado de más de 500 millones de pesos y señala irregularidades en la infraestructura de la empresa beneficiada.

La transparencia en las empresas públicas de Santa Cruz vuelve a estar en el centro del debate tras conocerse una denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas (TC). El foco del conflicto es una millonaria licitación para el transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP) llevada adelante por la estatal Distrigas S.A., la cual habría favorecido a la propuesta menos económica, ignorando opciones significativamente más bajas.

Una diferencia de 564 millones de pesos

La denuncia, impulsada por la firma Trans Eccleston, cuestiona el proceso licitatorio al advertir que la oferta preadjudicada supera en aproximadamente 564 millones de pesos a la propuesta mínima presentada. En el certamen participaron las empresas Roligas S.A., Transporte J.C. Morrison, P. Tortoriello y Cía S.A., y la propia Trans Eccleston.

De acuerdo con las cifras oficiales de la licitación, los montos presentados fueron:

• Roligas S.A. (Mar del Plata): $6.225.727.738,00.
• Transporte J.C. Morrison (Río Gallegos): $6.239.433.123,00.
• P. Tortoriello y Cía S.A. (Cipolletti): $6.790.152.597,52.

Pese a ser la opción más costosa, la firma P. Tortoriello y Cía S.A. resultó ganadora, lo que disparó las alertas sobre un posible sobrecosto injustificado que afectaría las arcas provinciales.

Inconsistencias y falta de infraestructura local

Además del factor económico, la presentación judicial señala «inconsistencias graves» en las planillas de cotización de la empresa favorecida. Se cuestiona, asimismo, que P. Tortoriello no contaría con la infraestructura necesaria —como camiones, empleados o base operativa— dentro de la provincia de Santa Cruz para garantizar la eficiencia del servicio.

Este último punto es clave, ya que el incumplimiento de las disposiciones locales de prioridad de contratación podría contravenir la Ley de Contabilidad, otorgando una base técnica sólida para una eventual sanción por parte del organismo de control.

El rol del Tribunal de Cuentas

Ante la gravedad del reclamo, el Tribunal de Cuentas se vio obligado a abrir un expediente de revisión. Como primeros pasos técnicos, el organismo auditor solicitó a la presidencia de Distrigas S.A. el envío de los pliegos, las actas de apertura y el dictamen de la comisión evaluadora.

La intervención del TC podría derivar en una «Observación Legal» al contrato, lo que congelaría los pagos a la adjudicataria hasta que se aclare la diferencia de costos. Cabe destacar que, al ser Distrigas una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, sus directores podrían responder con su propio patrimonio en caso de demostrarse una administración negligente de los fondos públicos.

El avance real del caso dependerá ahora del dictamen que emita el área de Auditores de Empresas del Estado del TC, en un contexto marcado por fuertes auditorías y demandas de mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos de la provincia.