El retraso en la apertura de ofertas genera preocupación entre las empresas interesadas y podría afectar los planes de recaudación del Estado.

El Gobierno argentino decidió postergar, para después de las elecciones legislativas, la concesión de cuatro represas hidroeléctricas ubicadas en el Comahue, con una expectativa de recaudar entre 500 y 700 millones de dólares. La licitación, que originalmente debía cerrarse el jueves 23 de octubre, fue extendida hasta el 7 de noviembre mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial. Sin embargo, en un error que será corregido, no se amplió el plazo para la presentación de las ofertas, lo que ha generado inquietud entre las empresas interesadas.

El motivo oficial de la postergación es la cercanía con las elecciones y la tensión en el mercado cambiario, lo que llevó a las autoridades a solicitar más tiempo para evaluar el escenario post-electoral. Las represas —Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila— representan aproximadamente el 10% de la potencia instalada en el país. Fueron concesionadas en 1993 durante la gestión de Carlos Menem, mediante la venta del 100% del paquete accionario de las sociedades que las administran, en un proceso similar al realizado en los años 90. Los contratos de concesión, que permiten a empresas privadas operar las represas a cambio de un canon y otras obligaciones, vencen en 2023. La propiedad de las represas no se transfiere, sino que se privatiza el control accionario.

Las compañías actuales, como AES, Enel, Central Puerto y Aconcagua Energía, deben competir en una licitación que permitirá la continuidad de sus operaciones por otros 30 años. La extensión del plazo busca atraer tanto a los operadores existentes como a nuevos interesados, en un contexto de incertidumbre económica y política.

La medida generó preocupación entre las empresas interesadas, que pidieron más tiempo para evaluar riesgos y costos en un escenario post-electoral. La corrección del error en los plazos será fundamental para mantener el atractivo de la convocatoria y asegurar que se alcancen los objetivos de recaudación del Gobierno.