Critican las implicancias del ‘impuesto a la riqueza’ en el sector gasífero

El proyecto de ley que impulsa el Gobierno para captar fondos representa una nueva vía de subsidiar la producción de gas. Así lo cree la Comisión Directiva del IAE, que reclama otro tipo de señales para incentivar la inversión en el segmento.

A través del denominado ‘Aporte Solidario y Extraordinario’, el Gobierno nacional busca recaudar –por única vez– cerca de un 1% del Producto Bruto Interno (PBI); es decir, alrededor de u$s 4.000 millones. Este proyecto de ley, difundido como ‘impuesto a la riqueza’, prevé destinar un 75% de esos fondos a la compra de equipos médicos, el otorgamiento de subsidios a pequeñas y medianas empresas (Pymes), la financiación de las becas Progresar y la ayuda a habitantes de barrios populares. El 25% restante, en tanto, se derivará al sector energético para promover la producción de gas natural de la mano de Integración Energética Argentina (IEASA) e YPF. De acuerdo con el Instituto Argentino de la Energía (IAE) ‘General Mosconi’, la propuesta es bastante ambigua, ya que define los rubros para la asignación de los recursos sin especificar los emprendimientos elegibles en ninguna de las categorías. Solo se sabe a grandes rasgos que el sector energético recibirá u$s 1.000 millones para reactivar la exploración, el desarrollo y la producción de gas. “Para ser creíble, este programa debería haber listado los proyectos concretos a los cuales se destinará lo recaudado y lo aportado por los contribuyentes. Ello evitará la discrecionalidad ‘ex post’ de los funcionarios y –por otro lado– permitirá la auditoria de lo actuado por parte de organismos como la Auditoría General de la Nación (AGN) y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”, indicó la entidad mediante un comunicado.

Según el IAE, para ser creíble y evitar altos grados de discrecionalidad, el proyecto de ley debería haber listado los proyectos concretos a los cuales se destinará lo recaudado y lo aportado por los contribuyentes.

Según el IAE, la producción convencional de gas natural viene en caída libre, tendencia compensada en años recientes por los desarrollos no convencionales subsidiados a través de la Resolución 46/17 en Vaca Muerta. “Las inversiones en estos yacimientos en los últimos tres años superan los u$s 4.000 millones anuales. Es decir que este impuesto implicaría una inyección por única vez equivalente al 25% de la inversión de los últimos tiempos y del 50% de la inversión de YPF en el mismo período”, comparó.

Auxilio financiero

Dado que IEASA viabilizará dichos recursos en proyectos con YPF en forma exclusiva, el IAE considera que la propuesta no es más que un auxilio financiero a la petrolera controlada por el Estado nacional; o sea, un subsidio para compensar las inversiones no realizadas en Vaca Muerta.

Adicionalmente, acotó la entidad que conduce Jorge Lapeña, YPF convive con una deuda que creció significativamente entre 2012 y 2015, y que la sumergió en la actual situación financiera. “La cuarentena y los precios deprimidos dejaron a YPF con caja escasa y sin acceso al mercado de crédito internacional luego del reciente reperfilamiento de su deuda de corto plazo”, remarcó.

Incluso si se alcanzaran los objetivos de la propuesta, los recursos obtenidos no serían suficientes para mantener los niveles de inversión que YPF ejecutó en Vaca Muerta durante los últimos cuatro años.

Incluso si se alcanzaran los objetivos del proyecto de ley, añadió, los recursos no serían suficientes para mantener los niveles de inversión de los últimos cuatro años. 

Sin justificación

Para el IAE, el destino energético del ‘impuesto a la riqueza’ equivale a una nueva versión de subsidios a la producción gasífera, ahora focalizada en YPF. “La pretensión de dicho programa en ausencia de una política energética integral carece de justificación”, esgrimió. 

Frente a la actual crisis económica y social, sostuvo, la asignación de estos fondos debería explicitarse en el marco de la discusión parlamentaria sobre el Presupuesto 2021. Finalmente, argumentó el IAE, si la idea es favorecer la producción de gas natural, la salida no son más subsidios de un Estado sin recursos. “Por el contrario, es necesario dar señales claras a la inversión a partir del respeto por las instituciones y de una política energética que cuente con un amplio acuerdo parlamentario”, concluyó. ©