¿Cómo afectará la escisión de áreas a la distribución de energía eléctrica?

La partición de las áreas concesionadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA), según el artículo 124 de la Ley 27.467, tendrá efectos regulatorios, técnicos y económicos para las empresas.

Tras la redefinición de las jurisdicciones, en los nuevos entes regulatorios deberán articular esfuerzos tanto para el control de las expansiones como para la reparación de las instalaciones compartidas que proveen servicios para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el Gran Buenos Aires (GBA). Esto implica, para las empresas, un esfuerzo de administración, asignación de costos y tareas, y negociación con gremios de jurisdicciones diferentes a la hora de ejecutar las tareas de mantenimiento y reparaciones.

La asignación de costos por zona tendrá un impacto en el Valor Agregado de Distribución (VAD), componente del valor de la distribución en la tarifa, por costos diferentes de distribución y por el impacto de las pérdidas técnicas y no técnicas. 

La redefinición de las jurisdicciones significa, para las empresas, un esfuerzo de administración, asignación de costos y tareas, y negociación con gremios de jurisdicciones diferentes a la hora de ejecutar las tareas de mantenimiento y reparaciones.

Los primeros pueden no provocar un efecto tan marcado en principio, ya que si bien las áreas más densamente pobladas tienen el beneficio de la disponibilidad de instalaciones en menores superficies, requieren instalaciones subterráneas de costos más elevados. Pero en el caso de las pérdidas, debe considerarse que las técnicas se incrementan con el área a cubrir, y las no técnicas. con el hurto de energía. En razón de lo anteriormente expuesto, y considerando que en el GBA la densidad poblacional es más baja y el impacto tarifario es socioeconómicamente mayor, cabría esperar un incremento de los hurtos de energía.

De esta forma es posible que el efecto tarifario del aumento de costos de distribución por reasignación y por aumento de pérdidas redunde en una moderada reducción de la energía comercializada, con el consecuente impacto económico, en adición a los mayores costos por estas mismas pérdidas.

Para las concesionarias, finalmente, el nuevo escenario implica una negociación con reguladores de dos jurisdicciones que, dependiendo del resultado de las próximas elecciones, pueden tener signos políticos diferentes y –en el peor de los casos– ser menos proclives a continuar el proceso de racionalización tarifaria tan necesario para garantizar el suministro.

Deudas pendientes

El conjunto de estos elementos, sumado a la reducción de más de la mitad del valor de mercado de las compañías por diversas y conocidas razones en lo que va del año, hace que se dificulte la financiación de las expansiones necesarias comprometidas en la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Éstas representan inversiones en el orden del valor mismo de capitalización de las compañías. 

En este marco, el Grupo Pampa Energía ya le solicitó al banco de inversión JP Morgan organizar la venta del 51% de sus acciones en la distribuidora Edenor.

La Secretaría de Energía de la Nación comunicó que el Gobierno “está trabajando en un acuerdo con las distribuidoras de energía (Edenor y Edesur) para saldar las deudas acumuladas por el Estado, mayoritariamente entre los años 2006 y 2015, por el congelamiento de las tarifas”.

Acuerdo millonario

El convenio, aclaró la cartera de Energía, no tendría costos para el Estado nacional, “ya que compensará estas deudas, junto con las referidas al tope de la tarifa social y el acuerdo marco para el suministro en asentamientos informales, con las multas que adeudan las empresas y los adelantos otorgados hasta 2015 mediante la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), en concepto de incrementos tarifarios a cuenta”. El anuncio se hizo mediante un comunicado dentro del marco del traspaso de jurisdicción de Edenor y Edesur a la órbita de la CABA y la provincia de Buenos Aires. 

De avanzar el acuerdo, entre ambas empresas deberán invertir $ 7.000 millones en obras para mejorar la calidad de la atención durante los próximos cinco años. 

Edesur debería, además, pagar $ 4.000 millones al Estado. En el caso de Edenor, de prosperar un acuerdo de esta magnitud, los efectos son contables y limpian el balance de las deudas con Cammesa y el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE). ©