La industria hidrocarburífera en Bolivia enfrenta desafíos para mantener su producción y garantizar la sostenibilidad, y la política hidrocarburífera del país debe adaptarse a estos cambios para asegurar el desarrollo el país.

Durante los 19 años de vigencia de la Ley de Hidrocarburos Nº 3058, Bolivia recibió más de 63.000 millones de dólares por la explotación de hidrocarburos. De este monto, más de 45.000 millones correspondieron a la participación estatal en la renta petrolera. Sin embargo, la gestión de estos recursos ha sido cuestionada, ya que se ha centrado en gran medida en un solo recurso no renovable.

La política hidrocarburífera en Bolivia ha sido criticada por fomentar una estructura rentista que no ha logrado impulsar las inversiones necesarias para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sector. A pesar de que la Ley de Hidrocarburos original permitía que el Estado se quedara con hasta el 50% de la renta, en la práctica, el Estado ha retenido, en promedio, el 71% de los ingresos.

La caída en la producción de hidrocarburos ha llevado a una reducción significativa en los ingresos por divisas, impactando directamente en la renta hidrocarburífera del país. Además, la falta de claridad sobre el destino de los recursos obtenidos por YPFB, la empresa estatal petrolera, ha generado preocupación.

Fuente: mejorenergia